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Assange, retenido en Londres desde diciembre último bajo custodia de la policía británica por una orden de detención europea, continúa a la espera de un fallo la próxima semana sobre su eventual traslado a Suecia.
En una misiva al ministro sueco de Justicia, el embajador australiano Paul Stephens pidió el debido proceso para Assange y que el caso proceda conforme a la legislación nacional, las leyes europeas y el derecho internacional, incluidos, dijo, los derechos humanos.
La Fiscalía de Estocolmo imputó al editor principal de Wikileaks el delito de agresión sexual a dos mujeres suecas durante una estancia de trabajo en esa capital en agosto pasado.
El australiano de 39 años negó las acusaciones, que atribuye a una campaña de desprestigio por la filtración de más de 250 mil cables secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los abogados del comunicador han calificado de ilegal e inconsistente el procedimiento de la fiscalía sueca, al negarse a escuchar la versión de Assange y a tener un contacto previo al pedido de extradición.
Argumentan asimismo que la entrega a Suecia violaría los derechos humanos de su defendido, a la par que propiciaría el envío a Estados Unidos, donde las autoridades y políticos reclaman su procesamiento. Suecia niega haber sostenido conversaciones con Washington sobre el caso del fundador de Wikileaks.
La defensa denunció en las cuatro audiencias celebradas en Londres que Assange corre un peligro real de ser confinado en la ilegal prisión de Guantánamo y condenado a la pena de muerte por la revelación de los cables secretos que han puesto en jaque a la diplomacia norteamericana.
El Tribunal de Belmarsh, en el sur de Londres, aplazó el fallo para el próximo 24 de febrero. El juez del caso Howard Ryddle dijo que de ser desfavorable Assange puede recurrir a la apelación del veredicto.
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